Terrorismo y protesta social

Por Clara López Obregón   

Durante los primeros 10 días del paro de transporte fueron detenidos 22 camioneros huelguistas. El director operativo de la Policía Nacional, General Alberto Ruiz, indicó que los conductores afectados están acusados de asonada, daño en bien ajeno, lesiones personales y -¿quién iba a pensarlo?- terrorismo. Se trata, esta última, de una sindicación peligrosa y peligrosista, que se viene repitiendo a lo largo y ancho del país desde la promulgación del nuevo Código Penal en el 2000 cada vez que se presenta una refriega entre manifestantes y fuerza pública con motivo de protestas sociales, huelgas obreras o movilizaciones políticas.

Alguna diferencia tiene que existir entre los horrores de Bin Laden y los métodos cuestionables de los huelguistas detenidos. “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa” como solía decir López Pumarejo. La una, un crimen execrable y la otra, una opinión. Si, así de sencillo. “El incidente más grave – relató el general Ruiz – ocurrió en Cajamarca (Tolima) donde varios conductores embriagados y utilizando armas de fuego trataron de bloquear la vía.” La sindicación de terrorismo se produce por estar comprometidos con una protesta, pues a los borrachos que hacen la misma prueba durante las fiestas Sanjuaneras, los conducen a empellones a la cárcel municipal para que les pase la rasca y ya.

El objetivo de la ley penal es el de prevenir y castigar actos concretos que el legislador considera punibles, independientemente de lo que piense quien los cometa. La tipificación de una categoría jurídica general como el “terrorismo” que abarca dichos actos concretos, pero que los castiga de manera adicional y autónoma en razón de la finalidad que persigue el actor, nos coloca en el campo de la penalización de la opinión y de la represión de la protesta social y política.

No otra cosa le está pasando a los camioneros detenidos cuyos métodos de protesta pueden conducir a la comisión de delitos concretos como asonada (1 a 2 años) o lesiones personales (1 a 7 años, según la gravedad del daño) y deberán, en consecuencia, responder por sus actos. Pero es la finalidad de esos actos: la protesta y manifestación de inconformidad con el estado de cosas (los peajes, el alto costo del diesel y la falta de aplicación y sanción por parte de las autoridades de la tabla de fletes), es decir, su derecho a expresar sus opiniones disidentes, lo que se pretende reprimir al cobijar su caso con el delito de terrorismo (10 a 15 años, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta). Lo más grave es que el artículo 343 del Código Penal se presta para estas interpretaciones peligrosistas que transforman a huelguistas desmandados en temibles terroristas.

Se trata de una trayectoria escabrosa que debemos enderezar de inmediato, antes de que se lleve por delante al Estado social y democrático y lo reemplace por un Estado securitario orientado por una concepción teleológica del derecho penal al estilo de la que imperó en la Alemania Nazi. Con el pretexto de defender a la sociedad de la subversión del orden establecido se decidió hacer obligatoria la analogía en el derecho penal. Ello permitía ir modificando el contenido de la ley penal para evitar que cualquier disidente convertido en presunto delincuente evadiera el castigo. Fusionados, interpretación teleológica (finalidad de la acción delincuencial concreta) y analogía (si esta finalidad es subversiva, entonces aquella también), se termina por colocar el derecho penal al servicio del control estatal de la peligrosidad. Ya no será el contenido del acto delincuencial sino la finalidad buscada lo que permitirá identificar al infractor como terrorista.

A través de la historia, los gobernantes de todo tipo, amparados en la pureza de sus intenciones, han procurado desentenderse de las leyes. Incluso en las democracias consolidadas del planeta, han conseguido que los ciudadanos les toleren la confección de leyes que sustraen a categorías enteras de personas de la protección de las garantías constitucionales. Con el argumento de proteger a la sociedad de los “malos”, hoy indistintamente terroristas, han logrado consolidar verdaderas zonas de tolerancia jurídica que les permiten atentar contra las libertades básicas con impunidad. Por esta vía se pervierte la ley y el orden constitucional que le sirve de fundamento y los ciudadanos, si nos conformamos con esta situación, terminaremos cambiando el miedo a los grupos ilegales por el miedo a las fuerzas del orden.

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