Hacia un control fiscal orientado a resultados

Por Clara López Obregón   

El control fiscal ha adquirido una relevancia estratégica dentro del constitucionalismo moderno. Si bien las instituciones contraloras surgieron como organismos auxiliadores de los parlamentos para garantizar los topes y el destino del gasto público, las concepciones evolucionadas de democracia les confieren una responsabilidad ampliada: La de verificar la aplicación de los recursos públicos al cumplimiento de las finalidades sociales del Estado y, con ello, la de servir de garantes de la rendición de cuentas de los gobiernos ante los ciudadanos, elemento esencial de una democracia participativa.

Por ello, la Constitución de 1991 expandió el campo de acción de los órganos del control fiscal para comprender, además del control financiero tradicional, el de gestión y de resultados, lo cual implica una evaluación de la ejecución y el cumplimiento de metas y programas en atención a los criterios de transparencia, eficiencia y equidad, tanto de la administración pública como de las propias contralorías. Para facilitar el tránsito de un modelo a otro, la Constitución estableció, entre muchos otros, dos mecanismos especiales: un control fiscal de segundo nivel en la figura del auditor general; y unas facultades de armonización y dirección del sistema de control fiscal, en cabeza del Contralor General.

Con todo, este cambio de modelo no ha sido suficientemente desarrollado. Por una parte, la hoy Auditoria General de la República (AGR) fue inicialmente creada como una dependencia de la Contraloría General de la República (CGR). Solamente en el 2000, como consecuencia de sucesivas sentencias de la Corte Constitucional, fue finalmente organizada para realizar un control integral a la CGR y demás contralorías del país. Si bien el mejoramiento de estas instituciones se insinúa como consecuencia de haber sido sometidas a control por primera vez en su existencia, subsiste la cultura de la formalidad propia del sistema de verificación numérico-legal anterior que se resiste a transitar los caminos de una auditoria analítica, capaz de pronunciarse sobre los problemas sustantivos de la contratación pública, de la falta de revelación en muchos de los estados financieros estatales y del grado de transparencia, eficiencia y equidad en el manejo de los recursos públicos.

Por otra parte, los contralores nacionales no han aprovechado las facultades de armonización del sistema concedidas por la Constitución y es poco lo que han contribuido al mejoramiento de sus pares territoriales con los recursos asignados para tal fin. En consecuencia, mientras el resto del Estado fue sometido a un proceso de modernización más o menos estructurado, las contralorías territoriales fueron sometidas a una profunda reestructuración por la Ley 617 de 2000, sin que ese importante esfuerzo hubiese sido acompañado del concomitante apoyo para su mejoramiento técnico y desarrollo tecnológico.

Ha llegado, entonces, el momento de fortalecer el control fiscal territorial para garantizarle a la sociedad una adecuada rendición de cuentas, con arreglo a la fórmula constitucional de la descentralización de recursos y de competencias. En esta tarea le cabe a la CGR una importante responsabilidad a través de los recursos del BID destinados al Sistema de Control Fiscal Territorial (SINACOF), pero también, a través del respeto por las competencias y autonomía territoriales. En este contexto, es cuestionable el vaciamiento de competencias de las contralorías territoriales incorporado en el proyecto del ley presentado por la CGR a consideración del Congreso.

Dicho proyecto está orientado a centralizar el ejercicio del control fiscal sobre los dineros y recursos de los territorios en la CGR lo que facilitaría su eventual privatización. La oportunidad legislativa debería más bien orientarse a fortalecer esta función pública, imprescindible en una democracia, proponiéndose dirimir los múltiples conflictos de competencias entre la CGR y las contralorías territoriales que en la actualidad están dejando sin control adecuado a gran parte de los recursos de la salud y la educación, para mencionar los más relevantes.

Siendo la competencia la medida de la responsabilidad, una clara y racional distribución de competencias es crítica para que el control fiscal pueda cumplir con su misión constitucional de asegurar a la ciudadanía un transparente manejo de los recursos públicos y su aplicación a las finalidades sociales del Estado. Si el proyecto de ley que ahora discute el Congreso avanza en ese sentido, se constituirá en un aporte invaluable para la profundización de la democracia en Colombia.

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