Consejo de Estado terminó dando la razón a exministra Clara López en su insistencia por derogar decreto que legalizaba tercerización laboral

Consejo de Estado terminó dando la razón a exministra Clara López en su insistencia por derogar decreto que legalizaba tercerización laboral

El Consejo de Estado acaba de proferir un fallo, el pasado 6 de julio, en contra de la tercerización laboral que acoge, en buena medida, la posición de la entonces ministra del Trabajo, Clara López Obregón, quien durante su gestión insistió en derogar el Decreto 583 de 2016 que buscaba reglamentar esta figura que es parte de la imposición del recetario neoliberal para desmejorar las condiciones de los empleados y favorecer la rentabilidad del capital.

Cabe recordar que López Obregón cuando estuvo al frente del Ministerio del Trabajo debió expedir una resolución para impedir la interpretación favorable del citado decreto a la tercerización de labores en las empresas.

El fallo del Consejo de Estado es una victoria para los trabajadores y ratifica la posición defendida por la entonces jefa de la cartera laboral. Al mismo tiempo con la providencia de ese tribunal de lo contencioso administrativo se sostendrán las multas que por más de 120 mil millones de pesos ha impuesto el Ministerio del Trabajo a distintas empresas por tercerización ilegal.

El Decreto 583 de 2016 que prácticamente viabilizaba la tercerización iba en contra de la Sentencia C614 de 2009 de la Corte Constitucional y el artículo 63 de la Ley 1429 que hablan de la prohibición de intermediar labores misionales. De esta manera, queda invalidado ese instrumento de precarización laboral aplicado por el Gobierno y los empresarios para profundizar las formas indebidas de contratación.

La decisión del Consejo de Estado constituye un precedente judicial fundamental para la exigencia de formalización laboral que la entonces ministra López Obregón bregó para sea incluida en la política gubernamental de trabajo decente, así como sustenta la petición del movimiento sindical de formalización de cerca del 50% de empleados del sector público y privado afectados por estas perversas formas de contratación.